Una serie de redes de proveedores de salud vienen creando presentes feministas de acceso al aborto desde los 1990s. Al inicio de esta década, la organización estadounidense IPAS (International Projects Assistance Service), desarrolló un modelo de atención post-aborto con e fin de abordar las complicaciones derivadas de abortos incompletos, que constituían una de las principales causas de mortalidad materna. Este modelo posiciona la aspiración manual endouterina (AMEU), como un método de aborto quirúrgico más seguro, efectivo y menos costoso que el legrado. Al ser considerado como un método seguro y sencillo de usar por parte de profesionales de salud de nivel medio y en escenarios clínicos más rudimentarios, el AMEU resulta siendo una solución atractiva para agencias internacionales y ONGs que buscaban reducir los índices de mortalidad materna. A lo largo de los 1990s y 2000s, estas instituciones capacitaron una creciente red de proveedores de salud -desde médicos hasta parteras tradicionales- para administrar AMEUs a lo largo de América Latina. Esto transforma el paisaje de acceso al aborto -en algunos contextos más que en otros- ya que el número de abortos seguros administrados se multiplica a medida que la red va expandiéndose de manera fractal. Nuestra investigación muestra que en el 2020, una de las principales redes de este tipo en Perú suministró 80,000 AMEUs, lo que constituye el 25% del total de abortos anuales en el país. Lejos de ser un simple procedimiento médico, los proveedores incluyen como parte de su atención el dar apoyo emocional y consejería para ayudar a dilucidar a la gestante si la interrupción del embarazo es una decisión que responde a su deseo así como para transitar el proceso pre y post atención.
Un desarrollo más reciente en la creación de presentes feministas de acceso al aborto es el crecimiento de las acompañantes, una red de activistas que, pudiendo tener o no formación médica, se capacitan para acompañar a aquellas personas que están buscando interrumpir sus embarazos con la ayuda de medicamentos. Si bien el procedimiento ideal consiste en el uso combinado de mifepristone y misoprostol, conseguir mifepristone en América Latina es prácticamente imposible dado que fue diseñado solamente con objetivos obstétricos y está calificado como un abortivo. El misoprostol, en cambio, al haber sido diseñado para tratar úlceras estomacales habita una “doble vida” que permite que pueda ser comprado tanto en el mercado negro como en farmacias. El trabajo de las acompañantes consiste principalmente en compartir información sobre cómo usar las pastillas de manera segura y efectiva y, en algunos casos, proveen también de apoyo a lo largo del proceso ya sea virtualmente o en persona. De esta manera, las acompañantes se han vuelto un actor fundamental para ampliar el acceso a abortos seguros en contextos en donde, al no ser legal, incluso el conseguir información confiable es una tarea sinuosa y difícil. Por otro lado, sus acciones han transformado la naturaleza del proceso; el aborto puede pasar de ser una experiencia medicalizada e individual a ser un proceso colectivo centrado en valores como la empatía y el cuidado.
La transgresión y la resistencia a la ley por parte proveedoras y activistas en búsqueda de un presente feminista de acceso al aborto en América Latina ha creado a su vez presentes feministas en otras partes del mundo. El misoprostol no había usado como medicamento abortivo hasta que, durante los 80s, mujeres en Brasil notaron la advertencia que lucía su empaque: no ser utilizado por gestantes ya que podía causar pérdidas. Esto las motivó a sumar al misoprostol a otra serie de tecnologías que eran ya utilizadas para abortar. Fueron probando su uso hasta convertir al misoprostol en un “pasaporte para abortar”, es decir una vía para inducir un proceso de aborto no siempre efectivo y que, de quedar incompleto, necesitaba ser culminado posteriormente por profesionales de salud públicos o privados a fin de evitar complicaciones. Tomando entonces nota de esto, la ciencia médica ensaya y experimenta hasta desarrollar un régimen seguro y efectivo de uso. En la actualidad, el misoprostol (junto al mifepristone) es utilizado para tratar la mayoría de abortos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y está incluido entre la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. De esta manera, las acciones de mujeres latinoamericanas han creado acceso seguro y legal para gestantes del Norte Global, mientras a ellas este privilegio les continúa negado. Irónicamente, Brasil continúa teniendo uno de los marcos regulatorios en torno al misoprostol más restrictivos en el mundo.
Los recientes procesos de legalización y decriminalización del aborto en varios países de América Latina son indudablemente buenas noticias. Sin embargo, como nos muestra lo sucedido en Estados Unidos, la tendencia de cambio no es unilineal, y nos advierte del efecto dominó que esto pueda generar en otras partes del mundo. Como hemos mostrado líneas arriba, el despliegue de redes clandestinas de proveedoras y activistas han ayudado a la creación de un presente feminista en donde se ha ampliado el acceso al aborto quirúrgico y médico a lo largo de América Latina. Las necesidades relacionadas al aborto no se esfuman si la ley las declara ilegales, y su tratamiento es en ese sentido urgente. No puede esperar a que las leyes cambien y a que estos cambios vayan transformando gradualmente el paisaje de acceso. Es por ello que es más apremiante que nunca tomar nota de estas estrategias en vista del fortalecimiento del movimiento anti-aborto a nivel global y del retroceso en la protección de derechos en contextos como Estados Unidos.